El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país. La medida combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.
Actualmente, Nucleoeléctrica está controlada en un 79 % por el Estado nacional, un 20 % por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Con el nuevo esquema: se venderá el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional. Además, se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5 %, destinado a trabajadores El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51 %, asegurando control mayoritario.
Se dispuso también que ENARSA transfiera el 1 % de sus acciones en NASA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01 % de su participación en ENARSA.
Empresa récord
En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que para sostener esa performance y encarar nuevas inversiones resulta clave abrir la puerta al capital privado.
Argumentos oficiales
El Ejecutivo sostiene que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027), completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II y reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.
En 2023, la compañía recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.
Proceso en marcha
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.
El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales
