El abogado Gregorio Dalbón, representante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, interpuso una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por una declaración realizada en televisión que, a su juicio, constituye una confesión de abuso de autoridad y un ataque frontal a la independencia judicial.
La acción legal se desencadena tras las afirmaciones de Milei realizadas este domingo por la noche durante una entrevista concedida al periodista Luis Majul, en el canal La Nación +, en las que el mandatario se atribuyó la decisión de encarcelar a la líder opositora. Dalbón fundamenta la denuncia en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona con prisión e inhabilitación a los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes. El letrado argumenta que, al proclamarse autor de una decisión que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial, el presidente no solo habría cometido un delito, sino que habría develado la naturaleza política de la condena contra Kirchner.
⚠️ Milei se atribuyó la detención de Cristina Kirchner y fue denunciado penalmente por abuso de autoridad
👉🏽 El presidente Javier Milei afirmó haber «tomado la decisión» de que Cristina Fernández de Kirchner fuera presa.
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— Big Bang News (@bigbangnw) October 6, 2025
La gravedad de lo que admite Milei
Para Dalbón, esta admisión pública es la prueba de que en Argentina se ejecutó una estrategia de «lawfare» o guerra judicial. Esta práctica, que consiste en utilizar el sistema legal con fines de persecución política, habría contado con la anuencia del propio Milei, según él mismo admitió este domingo. La confesión del mandatario, por tanto, no sería solo la base para un proceso penal en su contra, sino también un argumento fundamental para buscar la anulación de la sentencia que condenó a la vicepresidenta, al demostrar que su proceso estuvo viciado de ilegitimidad desde su origen.
Foto: Camila Godoy – Télam
La denuncia se presenta en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el Poder Judicial. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch ya han expresado preocupación por la independencia judicial en Argentina bajo la administración de Milei. En este marco, la querella de Dalbón trasciende el caso particular y se plantea como una defensa del estado de derecho y el principio de división de poderes, amenazados por un presidente que, según la acusación, se coloca por encima de los jueces.
El desenlace de este proceso legal podría tener profundas repercusiones políticas. No solo determina la responsabilidad penal del presidente, sino que pone bajo los reflectores la salud de las instituciones democráticas argentinas. La confesión de Milei ha abierto un flanco de conflicto institucional que desafía los fundamentos mismos del sistema republicano.
