La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker busca por varias formas que se deje de investigar el presunto esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos del Estado a la Suizo Argentina, la droguería de la cual son propietarios. Ahora, el juez Sebastián Casanello les rechazó un segundo planteo contra el expediente, al igual que como había pasado con un pedido de nulidad.
El primer intento por cerrar el expediente había sido rechazado tanto por las defensas de los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, como por el fiscal Franco Picardi y el juez Casanello. Pero hubo otro pedido con intenciones similares. Se trata de un planteo de “falta de acción”.
Este instrumento jurídico que interpuso la defensa a cargo del abogado Martín Magram buscó que se aplique el principio conocido como ne bis in ídem, que sostiene que no se puede juzgar a una misma persona o a un mismo hecho dos veces. Para sustentarlo, en el planeo señalaron que en el 2024 hubo una denuncia en Comodoro Py contra sus defendidos por presuntos hechos de corrupción en los contratos por medicamentos, que la Justicia archivó.
Con ese antecedente, el defensor señaló que el archivo debe impedir un nuevo proceso judicial con idénticos protagonistas y hechos, como sería -a su criterio- el que se inició tras la revelación de los audios de Spagnuolo.
Picardi dictaminó en contra de esta segunda presentación al sostener que “los casos aludidos no trataban sobre el mismo universo de personas investigadas, no perseguían los mismos hechos ni tampoco existía identidad de causa respecto de la persecución penal anterior traída a estudio”. Además, de acuerdo a un documento judicial al que accedió Tiempo, el fiscal también destacó que el archivo de una causa por inexistencia de delito no era una sentencia definitiva.
Casanello compartió argumentos
Después del análisis del fiscal, Casanello también optó por el rechazo del planteo de falta de acción. En primer lugar, el juez señaló que para esgrimir el principio ne bis in ídem referenciado antes “debe existir un proceso penal pendiente sobre el mismo caso o una resolución judicial previa que hubiera finalizado y agotado las imputaciones contra personas concretas”. Al igual que el fiscal, consideró que “el archivo dispuesto en la causa 3462/2024 (NdR: la del 2024) no puede ser considerado sentencia definitiva o equiparable a tal”.
“Los solicitantes no solo no soportaron un proceso penal que haya culminado con su condena o absolución, sino que tampoco fueron convocados, ni siquiera imputados”, reprochó el magistrado. “Es evidente que no hubo juzgamiento previo y, porende, que no existió afectación de la garantía de ne bis in idem”, agregó tras una breve exposición del contenido de ese expediente anterior.
El juez también compartió el argumento del fiscal en lo referido a la supuesta coincidencia entre partes y objetos de investigación de ambas causas, usado como argumento por la defensa. “Mientras en una de las denuncias se hace referencia a la compra de medicamentos sin licitación pública a la Droguería Suizo Argentina en función de presiones ejercidas sobre el titular de la Andis (…), en la otra se investiga un amplio circuido de corrupción, en el que se destaca la presencia de intercambios legales y un esquema de recaudación de fondos ilícitos”, detalló Casanello.
Secreto de sumario y más allanamientos
Mientras tanto, la causa iniciada a partir de la revelación periodística de una serie de audios atribuidos al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, donde se detalla un supuesto esquema de coimas con terminales en la Casa Rosada, volvió a estar bajo secreto de sumario.
Los investigadores volvieron a poner el expediente bajo reserva para avanzar en la recopilación de nuevas medidas. Al cierre de este artículo se llevaban a cabo 25 allanamientos por pedido del fiscal y orden del juez en droguerías y domicilios particulares.
Según supo Tiempo de fuentes judiciales, el fiscal habría detectado graves irregularidades y direccionamientos en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Andis. A partir de esa base, con los allanamientos busca comprobar la existencia de sobreprecios en la compra de medicamentos y, para eso, uno de los puntos de búsqueda versa en torno a la determinación del valor de esos productos para personas con discapacidad.
Los allanamientos de este jueves también cuentan con la participación de personal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez. Este organismo trabaja desde hace varias semanas en el análisis de más de 600 documentos vinculados con los procesos de compra de los medicamentos.
