Pese a las negociaciones que se extienden desde hace más de un año, en Casa Rosada no apoyarán el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia que comenzará a tratarse en comisión en la tarde del martes en el Senado.
La decisión del oficialismo de no volver a discutir sobre la justicia hasta después de las elecciones legislativas de octubre llega tras el bochorno político que significó la caída de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como aspirantes al máximo tribunal, tras meses de negociaciones con la oposición.
Desde las 13, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comenzarán a debatir los ocho proyectos para aumentar el número de sillas. Solicitado por la cordobesista Alejandra Vigo, y amparado por el riojano Juan Carlos Pagotto, los senadores estudiarán la posibilidad de llevar de cinco a siete, nueve o quince miembros el tribunal.
Este último número, impulsado por el peronismo, se recuesta sobre el texto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández en la Cámara alta y que nunca pudo ser tratado en Diputados. También, el bloque de Unión por la Patria (UxP) intentará debatir un cupo mínimo de 40% de mujeres con el que aspiran equilibrar la balanza de género dentro de la justicia.
Según dejaron trascender desde la Casa Rosada, los libertarios no están dispuestos a tratar esta ampliación, un cambio de postura rotundo respecto a las voluntades que se conocían hasta hace pocos meses. “No queremos ampliar nada”, dijo ante este medio una fuente con diálogo directo con Javier Milei, marcando una nueva etapa en las discusiones con el bloque de UxP, con el que durante meses negociaron para lograr sentar a sus fallidos candidatos en la Corte.
Con este antecedente, dentro del peronismo se adelantan y advierten que es posible que las comisiones no logren obtener dictamen hoy. “Lo más probable es que ellos quieran estirar todo y nos cierren el Congreso hasta octubre”, dijo a Tiempo un experimentado senador de la bancada peronista en referencia a la posibilidad de que el oficialismo congele la actividad parlamentaria hasta que se defina la elección legislativa que diagramará la nueva composición parlamentaria, una postura que desde la mesa chica del presidente confirman que adoptarán.
El cambio de postura del Gobierno, que nunca se mostró reacio a la ampliación que pretende gran parte de la oposición, se recuesta en la necesidad de resguardarse ante una nueva posible derrota en materia judicial dentro del Congreso.
Con un peronismo poderoso dentro del recinto, en el que José Mayans custodia con cautela 34 bancas, en el oficialismo especulan que la posibilidad de aprobar este proyecto podría traer aire fresco a un justicialismo asfixiado, una instancia que desde Balcarce 50 no están dispuestos a abonar.
Las negociaciones del Gobierno con el Instituto Patria sobre la ampliación de la Corte
Sin embargo, y pese a las discusiones a cielo abierto que mantienen ambos espacios, lo cierto es que el gobierno construyó puentes con el Instituto Patria para intentar llegar a un punto en común que beneficie a los dos sectores.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, amigo y mano derecha de Santiago Caputo en el terreno judicial, fue el encargado de llevar las riendas de la negociación con los interlocutores que bendijo Cristina Fernández de Kirchner, que hasta último momento se mostraron abiertos a negociar los reemplazantes de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
No obstante, la caída de los pliegos obligó a la mesa chica libertaria a repensar su estrategia. Con Lijo y Mansilla fuera de carrera, el gobierno adoptó una actitud diametralmente opuesta a la voracidad que mostraron durante la primera etapa de negociación.
Heridos, los operadores judiciales dejaron de lado la prepotencia con la que se sentaron a dialogar con los diferentes sectores y, más calmos, deciden exponer una actitud “pasiva” que les permita estar más abiertos a escuchar sugerencias y ampliar su lista de posibles candidatos.
Con este cambio de rumbo, en el Patria se entusiasman con la posibilidad de introducir una candidata de su simpatía. En la danza de nombres se encuentra la ex senadora María de los Ángeles Sacnun, de vínculo directo con la ex presidenta y miembro de la mesa nacional en representación del peronismo santafesino. Durante la primera etapa, el oficialismo se negó rotundamente, dada la cercanía que la letrada mantiene con la jefa del justicialismo. Ahora, afirman fuentes al tanto de la negociación, la negativa podría no ser tan fuerte.
Otro de los nombres que comenzó a circular en las últimas semanas es el de la magistrada Ivana Bloch. La letrada está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 4 por concurso y es especialista en derecho penal, una cualidad más que atractiva para una corte deficiente en este terreno.
En 2014, la jueza se presentó a concursar por la titularidad del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville, en Córdoba, cuando el entonces diputado Eduardo “Wado” de Pedro formaba parte del Consejo de la Magistratura y oficiaba como presidente de la Comisión de Selección del Consejo.
El perfil de la magistrada se ajusta a la perfección a los requerimientos de la Corte y los lineamientos que pretende el oficialismo sobre su desempeño dentro del magisterio. Tanto así, que la letrada tiene en su haber publicaciones en las que critica la figura legal del femicidio, una carátula que el oficialismo tiene particular interés por eliminar.
Pese a las cualidades que abundan en la danza de nombres, en el oficialismo insisten en recalcar que la discusión por la Corte no tendrá lugar hasta noviembre.
