A 20 años del fallo de la de denominada “Causa Simón”, que posibilitó la reapertura de los juicios de lesa humanidad, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó un informe en el cual se consigna que son 1201 los condenados por delitos de terrorismo de Estado y que 209 personas resultaron absueltas.
Los datos surgen de la actualización trimestral sobre las estadísticas de los juicios de lesa humanidad que son confeccionados por este organismo dependiente del Ministerio Publico Fiscal.
Se trata de procesos judiciales que se iniciaron en 2006 sobre causas que aún se siguen investigado, en función de las leyes vigentes y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema consideró, en un fallo histórico, que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas por el impulso del gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos presidenciales de Carlos Menem, eran inconstitucionales.
De esta forma, los tres poderes del Estado coincidieron en la necesidad de juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El Poder Ejecutivo encabezado por Néstor Kirchner lo hizo al enviar el proyecto de derogación de esas normas; el Congreso las sancionó y en la instancia más alta de la Justicia se ratificó con una resolución la necesidad de abrir un camino para juzgar las violaciones a los drechos humanos perpetradas por el Terrorismo de Estado.
De acuerdo a lo reseñado por el sitio “Fiscales”, dependiente de la Procuración General de la Nación, a casi dos décadas del inicio de estos procesos judiciales, existen 14 juicios en curso mientras que 66 causas fueron elevadas a la instancia de debate.
En tanto, se aguarda el inicio de los juicios orales y públicos en otras 258 que se encuentran en la fase de instrucción.
El relevamiento se basa en información obtenida hasta el 3 de junio de este año en función al trabajo desempeñado por fiscales federales especializados en causas de lesa humanidad.
También se destaca en el trabajo que hay 393 personas procesadas y otras 496 se encuentran imputadas. En las investigaciones que están actualmente en curso, 157 imputados fueron beneficiados con la falta de mérito y 118 resultados quedaron sobreseídos.
En relación a los imputados, la Procuraduría indica que existen 612 detenidos, de los cuales 498 se encuentran en arresto domiciliario.
“Las personas alojadas en establecimientos carcelarios son 114. De todas ellas, 74 permanecen en la Unidad Penitenciaria N°34 que funciona en las instalaciones de la guarnición militar de Campo de Mayo, 2 en dependencias de fuerzas de seguridad federales y 38 en otras unidades de los servicios penitenciarios federal y provinciales”, apunta el informe en uno de sus párrafos.
También se detalla que 484 personas están en libertad y los prófugos son 33. En tanto, fallecieron 1698 imputados desde el comienzo de los procesos de lesa humanidad.
La Causa Simón
En la denominada “Causa Simon” se investigaron los tormentos y la privación ilegítima de la libertad sufrida por el matrimonio compuesto por José Poblete y Gertrudis Hlaczik. Además, en el expediente se indagó sobre el ocultamiento de la hija de la pareja, Claudia Victoria por parte de las fuerzas que ejecutaron la represión ilegal.
El matrimonio y Claudia Victoria fueron secuestrados el 27 de noviembre de 1978 y llevados al centro clandestino de detención ilegal conocido como “El Olimpo”. José y Gertrudis padecieron torturas y despojadas de su hija, apropiada por el coronel Ceferino Landa y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira.
El represor Julio Simón alias “turco Julián” –recientemente fallecido- y un grupo de tareas bajo su mando perpetraron las torturas y se presume que la pareja fue asesinada en enero de 1979.
Abuelas de Plaza de Mayo, en representación legal de Buscarita Impero Roa, la madre de José y abuela de Claudia Victoria, inició en 1998 una investigación para dar con el paradero de esta niña apropiada.
En el curso de la investigación pudo establecerse que Claudia Victoria estaba viva e inscripta como hija de Landa y su esposa, cuando tenía ocho meses de vida.
En 2000, el matrimonio Landa resultó procesado por apropiación, al igual que los represores Juan Antonio Del Cerro y a Simón por haber secuestrado a la beba.
Del Cerro, conocido como “Colores”, murió mientras estaba detenido esperando el juicio oral. En tanto en agosto de 2006, Simón, recibió una pena de 25 años.
Ex suboficial de la Policía Federal Argentina, Simón fue hallado culpable luego en varias otras causas de lesa humanidad. Murió el 25 de marzo de este año. Estaba privado de su libertad en la Unidad Penal número 34 de Campo de Mayo.
