La Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó al suboficial retirado de la Armada Jorge Pablo Cabrera (59) por apología del delito y por incitación a la persecución y al odio, luego de que asegurara en un programa radial que el baúl de un Ford Falcon verde “todavía huele a justicia”.
Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, las expresiones fueron vertidas en dos emisiones que se transmite por FM del Sur 103.7 de Verónica, en los meses de junio y julio pasados. La fiscalía, integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, sostuvo que esos dichos no se trataron de una opinión política ni de un exabrupto aislado, sino de un “mensaje que legitima y glorifica prácticas del terrorismo de Estado”, alentando simbólicamente la repetición de esas violencias.
La fiscalía remarcó que reivindicar el vehículo como instrumento de “justicia” implica desconocer los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia, además de revictimizar a quienes sufrieron aquellos crímenes.
A principios de Julio, Cabrera, militar retirado y titular de LLA en Punta Indio, reivindicó durante la emisión de un programa de radio al Ford Falcon “verde aceituna”, vehículo ícono de los secuestros de la última dictadura cívico-militar, asegurando que el baúl de ese auto que tenía su familia «todavía olía a justicia».
La declaración ocurrió durante el programa de radio de La Libertad Avanza en Punta Indio. En 1963 se comercializa el primer Ford Falcon en la Argentina, de producción nacional. Vehículo emblemático, si es que tenemos los argentinos”, dijo, entre otras cosas el ex integrante de la Armada.
La imputación que ahora le hace la justicia se basa en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales.
La fiscalía recordó además la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admite limitaciones a la libertad de expresión cuando se utiliza de forma abusiva para incitar a la violencia o legitimar violaciones masivas a los derechos humanos.
El pedido de indagatoria fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla y la causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria, que fueron unificadas en un mismo expediente.
Finalmente, la Unidad Fiscal concluyó que las manifestaciones de Cabrera “no solo afectan los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.
